Empresa
condena intentos de intimidación e insta a otros a declarar
QUITO, 14 de febrero
de 2013 –- Chevron Corp. condena los nuevos intentos de
los abogados y representantes de los demandantes en el juicio contra la
compañía en el Ecuador de intimidar, amenazar y acosar -ahora con amenazas de
acciones penales- a testigos que están revelando el fraude que los mismos
representantes de los demandantes perpetraron contra la compañía. Chevron insta
a las autoridades a rechazar cualquier intento de estos abogados de perseguir
infundadamente a personas que solo están denunciando evidentes actos de
corrupción en el proceso en Lago Agrio.
La realidad es que no se
trata solo de un exjuez y un experto ecuatorianos que tuvieron la entereza de
denunciar el fraude de los abogados demandantes. A ellos se suman los indígenas
Huaorani, así como abogados, financistas y peritos norteamericanos que también
han denunciado y se han alejado de la conducta de los demandantes, abrumados
ante la evidencia de fraude.
James Craig ,
asesor de Comunicación de Chevron Latinoamérica
James Craig, Asesor de
Comunicación de América Latina y África de Chevron Corp., manifestó: “Los
abogados y representantes de los demandantes están inquietos porque varios
testigos han revelado el fraude. El mundo está conociendo con lujo de detalle
la verdad de cómo estos señores corrompieron el proceso judicial para obtener
una sentencia fraudulenta en la Corte Provincial de Sucumbíos”.
Las evidencias del fraude
perpetrado contra Chevron en los últimos meses se han confirmado por
revelaciones efectuadas por miembros del propio equipo de los demandantes, así
como por el exjuez Alberto Guerra. Esto es lo que han dicho algunos de ellos:
- Ex-juez
Alberto Guerra, quien fue el primer
juez del caso Chevron en la Corte Provincial de Sucumbíos, realizó una
declaración juramentada que ha sido presentada ante una corte
federal de Nueva York. Reveló que recibió miles de dólares de los abogados
de los demandantes y por el subsiguiente juez de la causa, Nicolás
Zambrano, para redactar clandestinamente las órdenes judiciales emitidas
por Zambrano y así orientar el juicio a favor de los demandantes. Guerra
afirma que el juez de la causa, Zambrano, le permitió a los abogados de
los demandantes redactar la sentencia de 18 mil millones de dólares a su
favor luego de que prometieron pagar a Zambrano un soborno de 500 mil
dólares a ser pagados de los fondos derivados de la ejecución de la
sentencia, y que él [Guerra] revisó el borrador elaborado por los abogados
de los demandantes antes que el juez Zambrano lo emitiera como propio.
- Fernando Reyes, un ingeniero ecuatoriano especializado en las
áreas de petróleo y ambiental quien se desempeñaba como consultor de los
abogados demandantes, brindó una declaración
jurada. En su testimonio
describió cómo los abogados demandantes han buscado manipular el juicio
desde sus inicios, engañar a la corte, corromper el proceso judicial y
comprometerse en la elaboración de un reporte “independiente” fraudulento.
Reyes declaró que en sus reuniones con el principal abogado de los
demandantes, Steven Donziger, relativas a la elaboración secreta de este
informe pericial: “El Sr. Donziger también me dijo que el monto que se
estableciera como daños y perjuicios se tenía que multiplicar por 3,5 para
que llegáramos a hablar de miles de millones”.
- Miembros de los Huaorani, una de las cinco
nacionalidades que abogados demandantes dicen representar en su juicio
contra Chevron en Lago Agrio, pidieron intervenir en un proceso ante la
Corte Federal de Nueva York aduciendo que no son representados por dichos
abogados ni por su organización de fachada, el Frente de Defensa de la Amazonía
(FDA). Los Huaorani declararon: “… el FDA y sus abogados y asesores nunca
estuvieron autorizados para representar sus intereses en relación con la
demanda de Lago Agrio”.
- Burford
Capital, un fondo de
inversión, ha acusado a los abogados demandantes de haberlos engañado para
que invirtieran en su caso. En una carta manifestaron: "Creemos que
ustedes, y en especial sus representantes estadounidenses, durante varios
meses urdieron un plan para engañarnos y estafar a nuestra empresa, a fin
de obtener los fondos para financiar su caso, que tan desesperadamente
necesitaban… todo esto mientras ocultaban información relevante y
tergiversaban hechos críticos, por miedo a que nos alejáramos al conocer
la verdadera situación".
- El estudio Kohn, Swift & Graf, que
financió a los demandantes durante muchos años, dejó de hacerlo. En un correo
electrónico declaró: “También
estoy asombrado por recientes manifestaciones concernientes a contactos
potencialmente inadecuados y carentes de ética, si no ilegales, con el
perito designado por la corte, el Sr. Cabrera, que están saliendo a la luz
en los procesos de solicitud de prueba en los Estados Unidos que están
siendo iniciados por Chevron. No solo desconocíamos esta conducta sino que
resulta contraria a las aseveraciones que Donziger y ustedes nos
realizaron en diferentes oportunidades”.
- David Russell, ex asesor técnico de los demandantes y quién
utilizó la cifra de 6 mil millones de dólares como estimación preliminar
del costo de una remediación al inicio del juicio en Ecuador en 2003,
envió una carta al principal abogado de los demandantes, Steven
Donziger, señalando: “En tal virtud, me veo obligado a indicar que el
costo estimado del 2003 es muy alto en un margen sustancial, quizá, de
diez o más”. Además, señaló: “Hasta la presente no he visto ninguna
documentación que indique que habría ninguna contaminación significante
superficial o de aguas subterráneas causadas por petróleo ecuatoriano”.
- Charles W. Calmbacher, biólogo norteamericano y perito judicial en el
juicio de Lago Agrio, reveló que los abogados de los demandantes
falsificaron informes técnicos de los pozos Sacha-94 y Shushufindi-48,
utilizando su nombre y firma. Así lo afirmó en una declaración
jurada en Estados Unidos.
Estas pruebas, y mucha más,
están ante una Corte Federal de Nueva York, donde los abogados de los
demandantes y otros participantes enfrentarán un juicio a partir de octubre de
2013 por asociación ilícita, fraude, extorsión y otras transgresiones.
Hasta el momento, ocho
cortes federales en Estados Unidos han encontrado evidencias que el juicio en
el Ecuador está viciado por el fraude perpetrado por los abogados de los
demandantes y sus técnicos. Chevron continuará presentando irrefutables
evidencias de este fraude.
