Lago Agrio-.
Entorno a la denuncia presentada ante el Ministerio de Relaciones Laborables el
23 de Julio del 2012, sobre la presunta culpabilidad de Vicente Loaiza, Secretario General del Sindicato de Choferes
Profesionales de Sucumbíos y otros miembros inculpados en este proceso, es
remitido a la Fiscalía de Pichincha, quien en la actualidad continúa con las investigaciones.
En declaraciones para este medio de
comunicación Alcides Orellana, ex Secretario General del Sindicato, dijo quela
Fiscalía realizó una serie de investigaciones a los directivos de la Escuela de
Conducción, en donde se descubrió que existe adulteración de documentos, para
que Loaiza sea nombrado Secretario General del Sindicato de Choferes de
Sucumbíos.
El caso se agrava, en vista que la
Fiscalía les hizo llegar la segunda citación en contra de Loaiza, Carlos
Montero y otros implicados en el caso, para que rindan su declaración, pero
estos han hecho caso omiso, por lo tanto, el proceso se encuentra en su etapa
final y las autoridades tendrán que sancionar de acuerdo a las leyes, porque
los acusados hasta la fecha no han
podido demostrar la legalidad de la inscripción del actual Directorio.
Otra de la ilegalidades, es que el
“Auditor Independiente con registro nacional N° 13-749¨ de nombres Jaime Oswaldo Borja Maldonado” quien
realizaba las auditorias para Loaiza, era un farsante y ostenta un título
falsificado según la SENESCYT, confirmando que todo lo actuado por Loaiza,
Montero y otros implicados; es una farsa y engañó a las autoridades y alumnos
del Sindicato.
Manifestó Alcides Orellana, que es
necesario aclarar que sigue siendo Socio del Sindicato de Choferes
Profesionales de Sucumbíos, según el
propio Loaiza, quien expidió un documento presentado el 7 de septiembre de
2011, ante el Juzgado primero de lo Civil de Sucumbíos en el que certifica que
no he sido expulsado y que para ello había que seguirme un sumario respectivo,
como corresponde legalmente; cosa que me asombra, ya que para todos los últimos
procesos electorales, no nos han
permitido participar democráticamente.
Toda esta serie de mentiras,
falsificación de documentos y engaño a las autoridades, tendrán que caer por su
propio peso, una vez que la Fiscalía dicte sentencia; implicados cómplices y
encubridores, tendrán que responder ante la Agencia Nacional de Tránsito y las
autoridades de control y lo que es más, si se logra descubrir toda esta farsa,
los alumnos serían los únicos perjudicados, según Alcides Orellana
