Obras de 4 meses tardan 4 años en zona petrolera
PACAYACU, Sucumbíos. En la comunidad La Granito se robaron las bombas y el techo del plan de agua que nunca funcionó. En los seis sistemas inconclusos los tanques están en riesgo de caer.
Habitantes de seis comunidades campesinas ubicadas en el campo Libertador (área petrolera de EP Petroecuador) de la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, exigen la construcción de nuevos proyectos de agua potable, porque el gobierno provincial no terminó de instalar los sistemas que fueron financiados por la petrolera estatal
Han pasado más de cuatro años y las comunidades siguen en espera de que se cumpla el convenio que el 11 de enero del 2007 se firmó entre el gobierno autónomo descentralizado de Sucumbíos y EP Petroecuador.
Han pasado más de cuatro años y las comunidades siguen en espera de que se cumpla el convenio que el 11 de enero del 2007 se firmó entre el gobierno autónomo descentralizado de Sucumbíos y EP Petroecuador.
PACAYACU, Sucumbíos. Los pobladores del campo Libertador se abastecen del agua de las lluvias que recogen en tanquesAnte ello, la Contraloría General del Estado notificó la semana pasada al prefecto René Orlando Grefa un proceso de destitución y el pago de una multa de $ 5.280 por supuesta responsabilidad administrativa culposa. El funcionario tiene un plazo de 30 días para defenderse y revertir la sanción.
Un total de $ 465.769, 56 fue el monto que la petrolera entregó al gobierno provincial, el cual debía aportar con una contraparte de $ 23.288,59 para fiscalización y asumir los valores generados por concepto del IVA que suman $ 55.892,34. El proyecto fue entregado por Petroecuador como compensación social a las comunidades Juan Montalvo, Virgen del Rosario, Primero de Mayo, Los Laureles, Nueva Oriental y La Granito.
Evicesa, Occinvert y Movicorp son las empresas contratistas y recibieron el 70% de anticipo del gobierno provincial. El plazo para entregar las obras fue de 120 días, pero han pasado más de cuatro años y las plantas de agua siguen inconclusas.
Juan Carlos Álvarez, síndico del Consejo Provincial, atribuye el atraso a los estudios incompletos de Petroecuador. Cuenta que desde el 31 de julio del 2009, cuando asumió Grefa, se iniciaron procesos administrativos y uno de ellos llegó a la terminación unilateral del contrato con Movicorp. Dice que las otras contratistas han adelantado las obras y registran un avance del 98% y 100%, lo que los comuneros niegan.
En la comunidad Virgen del Rosario el sistema de agua intentó funcionar los primeros meses de prueba, pero luego colapsó. “El pozo de captación se secó, el tanque reservorio se rompió y las bombas se dañaron”, dice Ángel Basantes, presidente de la junta de agua.
En Primero de Mayo nunca funcionó y sus 38 familias siguen consumiendo agua contaminada de esteros y riachuelos. Segundo Jaramillo indica que para sobrevivir en medio de la contaminación petrolera debe comprar dos bidones diarios de agua para beber. Para bañarse y lavar la ropa reúne agua de la lluvia en tanques de su casa.
Los afectados se quejaron ante la Prefectura, Gobernación y Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, pero no hay solución.
En Nueva Oriental, Estálita Palacios, quien reside junto al sistema que nunca funcionó, utiliza el cerramiento del proyecto para pastorear los terneros que aprovechan la hierba que crece dentro. “Siempre vienen a decir que ya terminaron, que ya está cerca, que ya mismo, pero nada”, expresa.
El abandono es tal que en el recinto La Granito se robaron las bombas y el techo del sistema de agua. “Queremos que se lleven esos fierros que sobran, ya tienen tanto tiempo engañándonos que ya nos dan agua y eso está por gusto allí”, dice Manuel Barrazueta, morador.
En el capítulo de responsabilidades administrativas culposas, por los sistemas de agua inconclusos, la Contraloría halló que los proyectos no contaron con los estudios completos, a fin de que los sistemas de agua puedan entrar en funcionamiento, y carecen de análisis químico físico para determinar la calidad del líquido.
Esto lo corroboran habitantes del campo Libertador, quienes afirman que allí todas las aguas están contaminadas. María Barrezueta debe caminar media hora hasta la vertiente de su finca, que también está impura. Para las 32 familias de este recinto, ubicado entre dos estaciones petroleras, contar con un sistema de agua potable es vital, pues todos los esteros o riachuelos están afectados por la actividad petrolera y hasta el agua lluvia cae con residuos.
La historia se repite con el sistema de agua potable, que tampoco funcionó en el recinto Los Laureles, donde la maleza crece junto a los reservorios.
En Juan Montalvo, recinto de unas 60 familias, si bien la planta fue terminada y entregó agua por siete meses, ahora no funciona por daños en las redes de distribución y además la captación del sistema no cubre la demanda de las familias.
Las seis comunidades afectadas por las obras inconclusas exigen al prefecto construir nuevos sistemas de agua potable que les garanticen el abastecimiento. Este lunes, la Junta Parroquial de Pacayacu convocó a dirigentes y habitantes de los seis recintos para analizar el caso y tomar resoluciones.
465.769,56
Dólares. Fue el monto que EP Petroecuador dio al gobierno provincial de Sucumbíos.
Un total de $ 465.769, 56 fue el monto que la petrolera entregó al gobierno provincial, el cual debía aportar con una contraparte de $ 23.288,59 para fiscalización y asumir los valores generados por concepto del IVA que suman $ 55.892,34. El proyecto fue entregado por Petroecuador como compensación social a las comunidades Juan Montalvo, Virgen del Rosario, Primero de Mayo, Los Laureles, Nueva Oriental y La Granito.
Evicesa, Occinvert y Movicorp son las empresas contratistas y recibieron el 70% de anticipo del gobierno provincial. El plazo para entregar las obras fue de 120 días, pero han pasado más de cuatro años y las plantas de agua siguen inconclusas.
Juan Carlos Álvarez, síndico del Consejo Provincial, atribuye el atraso a los estudios incompletos de Petroecuador. Cuenta que desde el 31 de julio del 2009, cuando asumió Grefa, se iniciaron procesos administrativos y uno de ellos llegó a la terminación unilateral del contrato con Movicorp. Dice que las otras contratistas han adelantado las obras y registran un avance del 98% y 100%, lo que los comuneros niegan.
En la comunidad Virgen del Rosario el sistema de agua intentó funcionar los primeros meses de prueba, pero luego colapsó. “El pozo de captación se secó, el tanque reservorio se rompió y las bombas se dañaron”, dice Ángel Basantes, presidente de la junta de agua.
En Primero de Mayo nunca funcionó y sus 38 familias siguen consumiendo agua contaminada de esteros y riachuelos. Segundo Jaramillo indica que para sobrevivir en medio de la contaminación petrolera debe comprar dos bidones diarios de agua para beber. Para bañarse y lavar la ropa reúne agua de la lluvia en tanques de su casa.
Los afectados se quejaron ante la Prefectura, Gobernación y Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, pero no hay solución.
En Nueva Oriental, Estálita Palacios, quien reside junto al sistema que nunca funcionó, utiliza el cerramiento del proyecto para pastorear los terneros que aprovechan la hierba que crece dentro. “Siempre vienen a decir que ya terminaron, que ya está cerca, que ya mismo, pero nada”, expresa.
El abandono es tal que en el recinto La Granito se robaron las bombas y el techo del sistema de agua. “Queremos que se lleven esos fierros que sobran, ya tienen tanto tiempo engañándonos que ya nos dan agua y eso está por gusto allí”, dice Manuel Barrazueta, morador.
En el capítulo de responsabilidades administrativas culposas, por los sistemas de agua inconclusos, la Contraloría halló que los proyectos no contaron con los estudios completos, a fin de que los sistemas de agua puedan entrar en funcionamiento, y carecen de análisis químico físico para determinar la calidad del líquido.
Esto lo corroboran habitantes del campo Libertador, quienes afirman que allí todas las aguas están contaminadas. María Barrezueta debe caminar media hora hasta la vertiente de su finca, que también está impura. Para las 32 familias de este recinto, ubicado entre dos estaciones petroleras, contar con un sistema de agua potable es vital, pues todos los esteros o riachuelos están afectados por la actividad petrolera y hasta el agua lluvia cae con residuos.
La historia se repite con el sistema de agua potable, que tampoco funcionó en el recinto Los Laureles, donde la maleza crece junto a los reservorios.
En Juan Montalvo, recinto de unas 60 familias, si bien la planta fue terminada y entregó agua por siete meses, ahora no funciona por daños en las redes de distribución y además la captación del sistema no cubre la demanda de las familias.
Las seis comunidades afectadas por las obras inconclusas exigen al prefecto construir nuevos sistemas de agua potable que les garanticen el abastecimiento. Este lunes, la Junta Parroquial de Pacayacu convocó a dirigentes y habitantes de los seis recintos para analizar el caso y tomar resoluciones.
465.769,56
Dólares. Fue el monto que EP Petroecuador dio al gobierno provincial de Sucumbíos.
