abril 22, 2013

Revelan fraude contra Chevron: técnicos, abogados y financistas que trabajaron para los demandantes y ex juez del caso exponen el fraude




Con la admisión del fondo de inversión Burford Capital y de la consultora ambiental Stratus Consulting, incrementan los que se arrepienten de haber colaborado con los demandantes y confiesan el fraude

Quito, 22 de Abril de 2013 - Chevron es víctima de un proceso judicial fraudulento en Ecuador, auspiciado por abogados y financistas internacionales, con el propósito de obtener una alucinantes suma de miles de millones de dólares, con el pretexto de un supuesto impacto ambiental en la Amazonía. Ahora, varios allegados de los demandantes han dicho finalmente la verdad.

Burford Capital, un fondo de inversión que financió a los demandantes de Lago Agrio con 4 millones de dólares, concluyó su acuerdo de financiamiento con ellos en 2011 argumentando haber sido engañados por la conducta fraudulenta de los abogados de los demandantes del caso.  En una declaración jurada de abril de 2013, Burford ha aceptado renunciar a cualquier interés económico remanente en el caso. “Si Burford hubiese recibido la información completa a la que tenía derecho en virtud del Acuerdo de Financiación, sin duda no habría invertido en este asunto”, resaltó el fondo de inversión en el comunicado.

Stratus Consulting, fue la consultora ambiental principal de los abogados de los demandantes en el juicio contra Chevron. Esta firma estadounidense acaba de reconocer que no existe evidencia científica que sustente los reclamos ambientales de los demandantes, diciendo en declaración jurada:“Rechazo todos y cada uno de los resultados o conclusiones presentadas, tanto en  mis reportes como en mi testimonio en el Proyecto de Ecuador. Lamento profundamente haber permitido que mi compañía y yo hayamos sido utilizados en el litigio de Lago Agrio,  como evidentemente lo fuimos…”

Exjuez Alberto Guerra, el primer juez del caso en la Corte Provincial de Sucumbíos, confesó que los abogados demandantes redactaron la sentencia a su favor, luego que prometieron pagar al juez Nicolás Zambrano un soborno de 500 mil dólares.

Bufete Kohn, Swift & Graf, que financió a los demandantes durante muchos años y dejó de hacerlo. “,…estoy asombrado por recientes manifestaciones concernientes a contactos potencialmente inadecuados y carentes de ética, si no ilegales, con el perito designado por  la corte, el Sr. Cabrera, que están saliendo a la luz…”, escribió Joseph Kohn, principal socio de la firma, en una carta dirigida al equipo legal de los demandantes.

David Russell, ex asesor técnico de los demandantes, quién señaló: “Hasta la presente no he visto ninguna documentación que indique que habría ninguna contaminación significante superficial o de aguas subterráneas causadas por petróleo ecuatoriano”.

Charles W. Calmbacher, biólogo estadounidense, quien fuera el primer perito de los demandantes en el juicio, reveló que los abogados de los demandantes falsificaron informes técnicos utilizando su nombre y firma, de hecho, en testimonio jurado, al revisar los informes que fueran entregados en su nombre declaró: “No llegué a esas conclusiones y no escribí ese informe”.