La decisión del Ministerio de Finanzas de debitar de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Issfa) $41 millones por un supuesto pago en exceso al Ministerio del Ambiente en 2010 por la compra-venta de 66 hectáreas del parque Samanes en Guayaquil, movilizará hoy a los pensionistas de retiro y montepío de la entidad.
Los uniformados en retiro se concentrarán desde las 10:30 de hoy en la sede del Círculo Militar y, desde allí, recorrerán varias cuadras para llegar a una de las sedes del Consejo de la Judicatura donde interpondrán una acción de protección y medida cautelar para “impedir la afectación del seguro de pensiones” y exigir el pago de la deuda que el Estado mantiene con el Issfa desde diciembre de 2014 y que alcanzó los 361 millones.
Una acción similar de protesta se producirá mañana en Guayaquil a partir de las 16:00, desde el parque Centenario hasta el edificio del Issfa. También se anuncian movilizaciones en Cuenca, Machala y Riobamba. “Los militares que debíamos estar tranquilos después de haber servido al país tendremos que ir a las calles para protestar y reclamar porque el Gobierno insensible no paga los $361 millones”, advirtió el coronel del Ejército (sp) Alberto Molina.
Afirmó que con la decisión de debitar los $41 millones también se ha “irrespetado” la Constitución, pues ni el presidente (Rafael Correa), ni el Procurador (Diego García), ni el Contralor (Carlos Pólit) son jueces. Se han arrogado funciones, sentenció. “No hay un solo abogado, a no ser por el doctor (Alexis) Mera (secretario jurídico de la Presidencia de la República) que no haya dicho que el contrato (de Samanes) es ilegal”, y recordó que existe un documento firmado por la representante de la exministra de Ambiente Marcela Aguinaga y el director del Issfa de entonces.
“Una escritura pública es ley para las partes donde se incluye que, si se producen controversias, un juez es el único que puede dirimir en este tema y cualquier decisión es arbitraria, ilegal e inconstitucional”, agregó Molina. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, en una entrevista a un canal de televisión, ratificó la decisión de debitar los $41 millones, como lo ordenó el presidente Correa (en febrero), y se acreditó al ministerio del Ambiente. El anuncio de Patiño habría provocado una reunión del consejo del Issfa y del mando militar, pero hasta el cierre de esta edición no trascendieron versiones oficiales sobre esto. (SC
Frente de Apoyo al Issfa y Fuerzas Armadas
En Guayas, difundieron un manifiesto de rechazo a la devolución de $41 millones y pidieron una rectificación al presidente Correa por haber comparado al Sistema de Seguro de Garantías con sistemas fraudulentos como el piramidal Ponzi, utilizado por el fallecido notario José Cabrera
Militares en servicio pasivo iniciarán acciones por débito de $ 41 millones al Issfa
Salir a las calles en protesta y plantear un juicio político contra el funcionario que autorizó el débito por 41 millones al Issfa son las acciones que iniciarán en las próximas horas los militares en servicio pasivo. Aseguran sentirse sorprendidos por la acción del Gobierno cuando se estaba dialogando respecto al caso Samanes. A pocas horas de que el Gobierno debitó 41 millones de dólares al Issfa por el excedente en la venta de terrenos de Samanes, los militares en servicio pasivo reaccionaron.
Los representantes de casi 20 asociaciones que agrupan a los uniformados pasivos, ya definen sus próximas acciones. En el encuentro estuvieron los almirantes Libio Espinoza y Allan Molestina. Ambos ex comandantes generales de la Marina en el 2008 y 2010 dieron su punto de vista.
Para el representante de la tropa en el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, Alejandro Valverde, la decisión del Gobierno carece de fundamentos ya que la justicia ordinaria debía resolverlo.
Mientras tanto, los 90 mil pensionistas buscan hacer notar su inconformidad. Sergio Figueroa es el vocal de la Confederacion de Militares Retirados.
Ellos piden firmeza al directorio del Issfa, para lo que conciben como su defensa del patrimonio de su seguridad social.
