Empresa condena intentos de intimidación e insta a otros a declarar
QUITO, 14
de febrero de 2013 –- Chevron Corp. condena los
nuevos intentos de los abogados y representantes de los demandantes en el
juicio contra la compañía en el Ecuador de intimidar, amenazar y acosar -ahora
con amenazas de acciones penales- a testigos que están revelando el fraude que
los mismos representantes de los demandantes perpetraron contra la compañía.
Chevron insta a las autoridades a rechazar cualquier intento de estos abogados
de perseguir infundadamente a personas que solo están denunciando evidentes
actos de corrupción en el proceso en Lago Agrio.
La
realidad es que no se trata solo de un exjuez y un experto ecuatorianos que
tuvieron la entereza de denunciar el fraude de los abogados demandantes. A
ellos se suman los indígenas Huaorani, así como abogados, financistas y peritos
norteamericanos que también han denunciado y se han alejado de la conducta de
los demandantes, abrumados ante la evidencia de fraude.
James
Craig , asesor de Comunicación de Chevron Latinoamérica
James
Craig, Asesor de Comunicación de América Latina y África de Chevron Corp.,
manifestó: “Los abogados y representantes de los demandantes están inquietos
porque varios testigos han revelado el fraude. El mundo está conociendo con
lujo de detalle la verdad de cómo estos señores corrompieron el proceso
judicial para obtener una sentencia fraudulenta en la Corte Provincial de
Sucumbíos”.
Las
evidencias del fraude perpetrado contra Chevron en los últimos meses se han
confirmado por revelaciones efectuadas por miembros del propio equipo de los
demandantes, así como por el exjuez Alberto Guerra. Esto es lo que han dicho
algunos de ellos:
Exjuez Alberto Guerra,
quien fue el primer juez del caso Chevron en la Corte Provincial de
Sucumbíos, realizó una declaración juramentada que ha sido presentada
ante una corte federal de Nueva York. Reveló que recibió miles de
dólares de los abogados de los demandantes y por el subsiguiente juez de
la causa, Nicolás Zambrano, para redactar clandestinamente las órdenes
judiciales emitidas por Zambrano y así orientar el juicio a favor de los
demandantes. Guerra afirma que el juez de la causa, Zambrano, le permitió
a los abogados de los demandantes redactar la sentencia de 18 mil millones
de dólares a su favor luego de que prometieron pagar a Zambrano un soborno
de 500 mil dólares a ser pagados de los fondos derivados de la ejecución
de la sentencia, y que él [Guerra] revisó el borrador elaborado por los
abogados de los demandantes antes que el juez Zambrano lo emitiera como
propio.
Fernando Reyes, un
ingeniero ecuatoriano especializado en las áreas de petróleo y ambiental
quien se desempeñaba como consultor de los abogados demandantes, brindó
una declaración jurada. En
su testimonio describió cómo los abogados demandantes han buscado
manipular el juicio desde sus inicios, engañar a la corte, corromper el
proceso judicial y comprometerse en la elaboración de un reporte
“independiente” fraudulento. Reyes declaró que en sus reuniones con el
principal abogado de los demandantes, Steven Donziger, relativas a la
elaboración secreta de este informe pericial: “El Sr. Donziger también me
dijo que el monto que se estableciera como daños y perjuicios se tenía que
multiplicar por 3,5 para que llegáramos a hablar de miles de millones”.
Miembros de los Huaorani, una
de las cinco nacionalidades que abogados demandantes dicen representar en
su juicio contra Chevron en Lago Agrio, pidieron intervenir en un proceso
ante la Corte Federal de Nueva York aduciendo que no son representados por
dichos abogados ni por su organización de fachada, el Frente de Defensa de
la Amazonía (FDA). Los Huaorani declararon: “… el FDA y sus abogados y
asesores nunca estuvieron autorizados para representar sus intereses en
relación con la demanda de Lago Agrio”.- Burford Capital, un
fondo de inversión, ha acusado a los abogados demandantes de haberlos
engañado para que invirtieran en su caso. En una carta manifestaron:
"Creemos que ustedes, y en especial sus representantes
estadounidenses, durante varios meses urdieron un plan para engañarnos y
estafar a nuestra empresa, a fin de obtener los fondos para financiar su
caso, que tan desesperadamente necesitaban… todo esto mientras ocultaban
información relevante y tergiversaban hechos críticos, por miedo a que nos
alejáramos al conocer la verdadera situación".
- El estudio Kohn,
Swift & Graf, que financió a los demandantes durante muchos años,
dejó de hacerlo. En un correo electrónico
declaró: “También estoy asombrado por recientes manifestaciones
concernientes a contactos potencialmente inadecuados y carentes de ética,
si no ilegales, con el perito designado por la corte, el Sr. Cabrera, que
están saliendo a la luz en los procesos de solicitud de prueba en los
Estados Unidos que están siendo iniciados por Chevron. No solo
desconocíamos esta conducta sino que resulta contraria a las aseveraciones
que Donziger y ustedes nos realizaron en diferentes oportunidades”.
- David Russell, ex
asesor técnico de los demandantes y quién utilizó la cifra de 6 mil
millones de dólares como estimación preliminar del costo de una remediación
al inicio del juicio en Ecuador en 2003, envió una carta al principal abogado
de los demandantes, Steven Donziger, señalando: “En tal virtud, me veo
obligado a indicar que el costo estimado del 2003 es muy alto en un margen
sustancial, quizá, de diez o más”. Además, señaló: “Hasta la presente no
he visto ninguna documentación que indique que habría ninguna
contaminación significante superficial o de aguas subterráneas causadas
por petróleo ecuatoriano”.
- Charles W. Calmbacher,
biólogo norteamericano y perito judicial en el juicio de Lago Agrio,
reveló que los abogados de los demandantes falsificaron informes técnicos
de los pozos Sacha-94 y Shushufindi-48, utilizando su nombre y firma. Así
lo afirmó en una declaración jurada en
Estados Unidos.
Estas
pruebas, y mucha más, están ante una Corte Federal de Nueva York, donde
los abogados de los demandantes y otros participantes enfrentarán un juicio a
partir de octubre de 2013 por asociación ilícita, fraude, extorsión y otras
transgresiones.
Hasta
el momento, ocho cortes federales en Estados Unidos han encontrado evidencias
que el juicio en el Ecuador está viciado por el fraude perpetrado por los
abogados de los demandantes y sus técnicos. Chevron continuará presentando
irrefutables evidencias de este fraude
