El país gobernado por Rafael Correa tiene uno de los peores historiales de libertad de prensa en el continente americano
Por Theodore J. Boutrous, Jr.
La libertad de prensa está bajo ataque mundial. Los periodistas enfrentan cada vez más intimidaciones, encarcelamientos e incluso asesinatos en manos de gobiernos autoritarios y corruptos, militantes religiosos y fanáticos como el Estado Islámico, así como de otras personas que quieren ocultar la verdad.
Un informe reciente del Comité para la Protección de los Periodistas, reveló que 69 periodistas fueron asesinados ejerciendo su profesión en 2015, incluyendo a aquellos asesinados como represalia por su trabajo y aquellos muertos en combate o tiroteo en misiones peligrosas. Mientras tanto, cientos de periodistas y blogueros han sido encarcelados, hostigados y maltratados por su trabajo, y decenas más permanecen “desaparecidos”.
Un ejemplo de esta guerra contra la prensa es Ecuador, que tiene uno de los peores historiales de libertad de prensa en el continente americano. Se ha vuelto ampliamente reconocido que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se ha embarcado en una campaña contra la prensa libre e independiente para silenciar sus críticas en ese país.
En 2012, la reportera de investigación y presentadora ecuatoriana Janet Hinostroza fue forzada a ausentarse de sus labores luego de recibir llamadas anónimas amenazando su seguridad, después de su reportaje del escándalo en un banco del estado, involucrando a un primo de Correa.
El presidente Correa ha atacado a Hinostroza durante varias de sus enlaces ciudadanos semanales, e incluso exportó el hostigamiento cuando Hinostroza viajó a Nueva York en 2013, para aceptar un premio a la libertad de prensa del Comité para la Protección de los Periodistas. Allí, Hinostroza fue recibida por 150 manifestantes adeptos al Gobierno con carteles acusándola de traidora y mentirosa.
Fundamedios, una organización independiente a favor de la libertad de prensa en Ecuador, documentó más de 370 incidentes solamente en 2015 de hostigamiento verbal, físico o legal hacia los medios de comunicación, perpetrados por autoridades y ciudadanos ecuatorianos, lo que representa un incremento en relación a los 254 incidentes presentados en 2014.
El Gobierno respondió con un intento de cerrar la organización, que es financiada parcialmente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. (Usaid, por sus siglas en inglés). Esta acción generó condenas de tres relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En diciembre de 2015, Associated Press informó que tanto Hinostroza como el director de Fundamedios fueron víctimas de un sofisticado esquema de intercepción de computadoras, que se piensa fue patrocinado por el Gobierno. Tan solo este mes, otro estudio del Comité para la Protección de los Periodistas y la Fundación Thomson Reuters, designó a Ecuador como uno de los países que ha usado las leyes penales de difamación para encarcelar a periodistas.
Rafael Correa se ha embarcado en una campaña contra la prensa libre e independiente de Ecuador.
El presidente Correa también ha denigrado al caricaturista político más conocido de Ecuador, Xavier Bonilla —Correa pidió a sus 1.6 millones de seguidores en Twitter que enviaran insultos al caricaturista, a quien Correa se refirió como un “asesino de tinta”. En 2015, unos días después de la tragedia de París en las oficinas de la publicación satírica Charlie Hebdo, Bonilla fue llamado a comparecer ante una comisión de supervisión de medios de comunicación que funciona bajo la ampliamente criticada Ley de Comunicaciones de Ecuador, y fue reprendido por una caricatura crítica a un miembro del partido gobernante.
El Gobierno de Correa también ha cerrado y multado a estaciones de radio y televisión y a periódicos que han sido críticos de su administración. Estas acciones de mano dura han generado la condena de organizaciones como Human Rights Foundation y Freedom House.
El Gobierno ecuatoriano también ha comenzado a usar la ley sobre el derecho de autor de EE.UU. para silenciar a sus críticos. El Comité para la Protección de los Periodistas informó recientemente que Ecuador ha estado usando una compañía española llamada Ares Rights para presentar demandas por violación de derecho de autor ante sitios web que alojan contenido, como YouTube y Twitter, para hacer que las imágenes, documentos y otros materiales que critican al gobierno ecuatoriano, sean removidos de esos sitios.
Desde 2011, Ares Rights ha entablado 74 demandas a nombre de políticos ecuatorianos, partidos políticos, medios y organismos estatales. No es una sorpresa que una de las más recientes demandas haya sido lanzada contra Fundamedios, con relación a una imagen publicada en un artículo de diciembre de 2015 que denunciaba al presidente Correa por referirse a un periodista exiliado como un “psicópata” y un “desgraciado”.
Estos pocos ejemplos siguen un patrón de larga data del Gobierno de Correa acerca de la represión a la libertad de prensa. Es irónico que el presidente Correa haya brindado asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, mientras que el mismo Correa y sus operadores persiguen y procesan penalmente a reporteros y a organizaciones de libertad de prensa en su propio país.
El Congreso de Estados Unidos ha observado la campaña contra la Libertad de Prensa y de Expresión en Ecuador. En diciembre de 2015, el Congreso aprobó una resolución condenando las violaciones de Libertad de Prensa y la violencia contra periodistas en Latinoamérica. Los congresistas enfatizaron que los “ataques a la Libertad de Prensa en Ecuador son un problema de todos los días”, y la resolución mencionó específicamente el caso de Fundamedios e instó al Departamento de Estado a fomentar una prensa abierta y libre.
Es vital que el Gobierno de EE.UU. continúe uniéndose a las Naciones Unidas, a las organizaciones de medios de comunicación y a los grupos de derechos humanos para proteger a periodistas y a medios independientes, en Ecuador y en todo el mundo.
Theodore J. Boutrous, Jr. es asociado de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, donde ha representado a diversas organizaciones de medios de comunicación y periodistas, y es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Internacional de Medios de Comunicación de Mujeres.
