En diciembre de 2015, el senador estadounidense Patrick Leahy (D-VT) emitió
un comunicado en el Senado de los Estados Unidos declarando, en parte,
que “Ecuador es un país en el que la independencia judicial está
seriamente comprometida. He hablado de esto varias veces, y ha sido bien
documentado por el Departamento de Estado, las Naciones Unidas y
organizaciones de derechos humanos. También se evidencia por el hecho de
que el Consejo de la Judicatura, con la facultad de nombrar y remover a
los jueces, está compuesto por cinco exfuncionarios del gobierno de
Correa”.
El manejo del juicio fraudulento contra Chevron en Ecuador es un
excelente ejemplo de la falta de independencia judicial del país y el
control del gobierno sobre el resultado de los casos de alto perfil. En
2014, un tribunal federal de EE.UU. estuvo de acuerdo, diciendo:
“En resumen, este Tribunal determina que en ningún momento pertinente
para este caso, Ecuador ofreció tribunales ni procedimientos compatibles
con el debido proceso legal”.
El vergonzoso historial del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en
materia de Estado de Derecho, corrupción, derechos humanos y libertad de
prensa ha sido bien documentado por una gama de observadores
independientes y las organizaciones globales. Éstos son solo algunos de
ellos:
Imperio de la ley (Estado de Derecho):
• Human Rights Watch: Human Rights Watch escribió en 2015: “El gobierno del presidente Rafael Correa ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil y abusado de su poder para acosar, intimidar y castigar a los críticos. [...] Los abusos contra los manifestantes, incluidos las detenciones arbitrarias, no han sido investigados adecuadamente. Otras preocupaciones incluyen la limitada independencia judicial, las malas condiciones carcelarias, y el limitado acceso de las mujeres y las niñas a la salud reproductiva…”.
• Human Rights Watch: Human Rights Watch escribió en 2015: “El gobierno del presidente Rafael Correa ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil y abusado de su poder para acosar, intimidar y castigar a los críticos. [...] Los abusos contra los manifestantes, incluidos las detenciones arbitrarias, no han sido investigados adecuadamente. Otras preocupaciones incluyen la limitada independencia judicial, las malas condiciones carcelarias, y el limitado acceso de las mujeres y las niñas a la salud reproductiva…”.
• La Fundación para el Debido Proceso: En un informe
de 2014 en Ecuador, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus
siglas en inglés) declaró que “hay una tendencia a que la rama ejecutiva
interfiera con las decisiones de los jueces en los asuntos de interés
político”. Esta interferencia política “debilita seriamente la
separación de poderes y los pesos y contrapesos que definen un sistema
democrático”.
• World Justice Project: El World Justice Project (WSJ) dio a Ecuador una clasificación (ranking) global de 77 de 102 países en su Índice de Estado de Derecho 2015, colocándolo entre los países africanos de Costa de Marfil (76) y Burkina Faso (78).
Corrupción:
• Departamento de Estado de EE.UU.: En 2014, el Departamento de Estado de EE.UU., dijo en un informe sobre Ecuador que “[las] principales violaciones de los derechos humanos fueron la falta de independencia en el sector judicial; restricciones a la libertad de expresión, prensa y asociación; y la corrupción. La ley de comunicación, promulgada en 2013, siguió restringiendo periodistas. [...]”. Otras violaciones de los derechos humanos incluyeron “fuerza excesiva y casos aislados de homicidios ilegales por las fuerzas de seguridad; hacinamiento en las cárceles; el arresto y la detención arbitrarias; y las demoras y la negación del debido proceso”, entre otros.
• Departamento de Estado de EE.UU.: En 2014, el Departamento de Estado de EE.UU., dijo en un informe sobre Ecuador que “[las] principales violaciones de los derechos humanos fueron la falta de independencia en el sector judicial; restricciones a la libertad de expresión, prensa y asociación; y la corrupción. La ley de comunicación, promulgada en 2013, siguió restringiendo periodistas. [...]”. Otras violaciones de los derechos humanos incluyeron “fuerza excesiva y casos aislados de homicidios ilegales por las fuerzas de seguridad; hacinamiento en las cárceles; el arresto y la detención arbitrarias; y las demoras y la negación del debido proceso”, entre otros.
• Transparencia Internacional: El Índice de Percepciones de Corrupción del 2015 de Transparencia Internacional, que puntúa
a los países sobre la corrupción en el sector público, coloca a Ecuador
en el lugar 107º de 168 países - detrás de Egipto y México e igualado
con Costa de Marfil.
Libertad de prensa:
• Comité de Protección de Periodistas: En 2015, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informó que Ecuador “tiene uno de los peores registros de la libertad de prensa en América Latina, con los periodistas sujetos a medidas legales, demandas por difamación e insultos públicos”. Advirtió que la organización local de vigilancia a la libertad de prensa Fundamedios estaba en peligro de cerrar después que el gobierno la acusó de “haberse convertido en una organización política crítica de Correa”. Además, “los esfuerzos de las autoridades de reformar la constitución para categorizar las comunicaciones como un ‘servicio público’ son vistos como otro intento de censurar noticias y controlar la información”, dijo el CPJ.
• Comité de Protección de Periodistas: En 2015, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informó que Ecuador “tiene uno de los peores registros de la libertad de prensa en América Latina, con los periodistas sujetos a medidas legales, demandas por difamación e insultos públicos”. Advirtió que la organización local de vigilancia a la libertad de prensa Fundamedios estaba en peligro de cerrar después que el gobierno la acusó de “haberse convertido en una organización política crítica de Correa”. Además, “los esfuerzos de las autoridades de reformar la constitución para categorizar las comunicaciones como un ‘servicio público’ son vistos como otro intento de censurar noticias y controlar la información”, dijo el CPJ.
• Reporteros sin Fronteras (RSF): La organización coloca a Ecuador en el puesto 108 de 180 países en su Índice de Libertad de Prensa Mundial de 2015. En su página web la RSF informa
que “el control gubernamental de los medios de comunicación ha
aumentado constantemente desde Rafael Correa se convirtió en presidente
en 2006. Correa no duda en criticar personal y públicamente a los medios
de comunicación. Despido o juicios por difamación son las sanciones a
que los periodistas están expuestos con más frecuencia”.
• Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): En 2015, la SIP aprobó una resolución en la cual declara
que el "2015 se ha convertido en el año más violento para el
periodismo, con ataques contra medios de comunicación y periodistas que
superan los números observados en años anteriores” y que “los
principales agresores incluyen el Estado, los organismos gubernamentales
y, en particular, el propio presidente de Ecuador”.
Libertad económica:
• Heritage Foundation: En el Índice de Libertad Económica 2016 de la Heritage Foundation, el país ocupa el puesto 159º y cae en la categoría de “reprimida”, junto a países como Cuba y Corea del Norte. El informe señala que “la libertad económica está en grave riesgo en Ecuador” a medida que “el alcance del gobierno se ha expandido más allá del petróleo y la minería, y un entorno empresarial restrictivo ha marginado al sector privado”. También se destaca que “el sistema judicial sigue siendo vulnerable a la interferencia política”.
Libertad económica:
• Heritage Foundation: En el Índice de Libertad Económica 2016 de la Heritage Foundation, el país ocupa el puesto 159º y cae en la categoría de “reprimida”, junto a países como Cuba y Corea del Norte. El informe señala que “la libertad económica está en grave riesgo en Ecuador” a medida que “el alcance del gobierno se ha expandido más allá del petróleo y la minería, y un entorno empresarial restrictivo ha marginado al sector privado”. También se destaca que “el sistema judicial sigue siendo vulnerable a la interferencia política”.
Tomado de Juicio Crudo
